La crisis incrementa la utilización de la oferta de servicios públicos por parte de los hogares españoles
El ‘barómetro fiscal’ se basa en una encuesta anual, realizada mediante entrevistas personales a una muestra aleatoria nacional de 1.500 ciudadanos distribuidos en cinco segmentos (empresarios, agricultores, profesionales liberales, trabajadores asalariados e inactivos) y seleccionados por cuotas de hábitat, género, edad y categoría socio-económica.
El estudio sirve para chequear anualmente el estado de opinión de los españoles sobre la relación entre la oferta pública de servicios y prestaciones y los impuestos, la percepción sobre el comportamiento fiscal de los contribuyentes y la imagen corporativa de la Hacienda Pública; e incluye un capítulo específico sobre cuestiones relativas a la atribución de responsabilidad y disponibilidad a colaborar en la mejora de los servicios en el ámbito de los servicios públicos prestados por la Administración Local.
Una de las principales conclusiones que se extrae del informe de este año es que la crisis parece haber favorecido una utilización más intensiva de la oferta pública de servicios y prestaciones por parte de los hogares españoles.
Los datos obtenidos indican que cada hogar ha recurrido, al menos, a cuatro servicios públicos durante el ejercicio de 2010, siendo los más utilizados los servicios sanitarios (93%), la infraestructuras (89%) y los servicios de transporte público (80%). En un nivel intermedio se sitúan los servicios educativos (56%). %). Las prestaciones sociales se utilizan en menores porcentajes por cuanto están destinadas a colectivos específicos de la población: las pensiones de jubilación (26%), el seguro de desempleo (21%), los servicios sociales (17%) y las pensiones por enfermedad e invalidez (12%).
Al compás de esa mayor utilización de los servicios públicos, el nivel de satisfacción de los usuarios también ha experimentado una suave mejora, que se manifiesta con mayor intensidad en relación a la infraestructuras, los servicios sociales, la sanidad, la educación y los transportes; y que es menor en el caso de las prestaciones públicas, ya sea por jubilación, enfermedad o desempleo.
El acceso universal a la oferta pública de servicios y prestaciones, especialmente a la sanidad, es el factor más valorado por los ciudadanos, que, no obstante, mantienen la percepción de que existe un cierto margen de mejora en la prestación de los servicios públicos y de que éstos se podrían gestionar mejor. Los ciudadanos también reconocen mayoritariamente que la oferta pública de servicios y prestaciones ha mejorado mucho o bastante en los últimos cinco años.
En relación a una posible participación de la iniciativa privada en la gestión o financiación de los servicios y prestaciones públicas, la mayoría de los españoles se muestra en contra.